La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea denuncia que el régimen español está podrido
La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), ha emitido un durísimo informe, fechado en 2012 y silenciado por la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles, en el que denuncia que el “sistema” que sustenta al actual régimen español bloquea el acceso a la política de los ciudadanos y de la sociedad civil para crear sus propias candidaturas, algo que le ocurre también a los nuevos partidos. Además, enriquece a los actuales políticos mediante subvenciones que van más allá del pago de las papeletas, censura hasta las cuentas de Twitter y no respeta ni la igualdad ni el secreto del voto. La podredumbre de este “sistema” llega a tal punto que el órgano encargado de fiscalizar la contabilidad de los partidos (Tribunal de Cuentas) envía sus informes a éstos antes de ser publicados para que puedan reformarlos y la Junta Electoral Central debate las denuncias electorales de forma secreta. También lamenta que los 6,5 millones de ciudadanos que han participado en manifestaciones de protesta ni sean escuchados ni estén representados y que el voto blanco y nulo, que alcanza niveles en España sin parangón en el mundo, no genere escaños vacíos.
El régimen español, conocido en Europa como Monarquía de partidos o “partitocracia”, es penoso y lamentable, según la descripción que de él hace la OSCE: “no se respeta plenamente la igualdad de voto”, “la financiación de las campañas electorales” por parte de los partidos no es “transparente”, no se promueve una mayor participación de la mujer y... se impide siempre que se puede el “pleno acceso” de observadores independientes “a todas las fases del proceso electoral”, desde el secreto del voto hasta su cómputo.
Los políticos españoles, sobre todo de PP y PSOE, que se han turnado durante casi 40 años, han ideado un sistema según el cual el voto en las provincias pequeñas, donde pueden dominar mejor sus intereses con prácticas caciquiles, vale hasta 3 veces más que en las grandes ciudades, lo que produce una adulteración tan profunda que de ahí procede la drástica negativa a introducir distritos electorales uninominales más pequeños que favorezcan la elección directa: si cada voto valiese igual, los ciudadanos echarían prácticamente a todos los políticos profesionales y entraría savia nueva en la representación, algo que temen con verdadero pánico.
La OSCE pone el dedo en la llaga en su informe sobre España: “el sistema electoral favorece a los partidos más grandes” y llega a la aberración de dejar fuera a los ciudadanos que participaron en las manifestaciones derivadas del 15-M. La OSCE afirma que “se estimó en 6,5 millones el número de personas que participaron en las protestas”, pero incluso se cambió la ley electoral en el año anterior a los comicios de 2011, algo expresamente prohibido por la OSCE, que no admite modificaciones en las reglas de juego a tan corto espacio de tiempo de la apertura de las urnas. También reclama que las reuniones de la Junta Electoral Central sean públicas, con presencia de observadores y prensa, pues hasta ahora son secretas.
La OSCE también aprecia que la actual partitocracia discrimina a las asociaciones de ciudadanos y a los partidos sin representación parlamentaria si desean presentarse a las elecciones, exigiendo a los candidatos más requisitos, trabas y firmas que a los viejos partidos. Por eso pide “establecer condiciones de igualdad para la nominación de los candidatos de los partidos no parlamentarios y grupos de ciudadanos”.
Este organismo recuerda que organizaciones relacionadas con el movimiento 15-M pusieron en marcha un proyecto denominado “Doriyakitu”, pidiendo a los votantes que denunciasen en las propias mesas electorales las anomalías del sistema español. Las 3 quejas que recuerda la OSCE aluden a la imposibilidad de votar a listas prohibidas “por no haber recogido los avales exigidos mediante la inconstitucional ley electoral vigente, que vulnera el pluralismo político restringiendo los derechos de sufragio pasivo y, en consecuencia, también el sufragio activo, ya que no permite votar lo que realmente se quiere”, según “Doriyakitu”.
El sistema tampoco acepta “el voto blanco, la abstención y el voto nulo”, pues desprecia estas opciones a la hora del reparto de actas. Además se produce sin igualdad pues “los votos de los ciudadanos no tienen el mismo valor a la hora de atribuir escaños” ya que “vulnera el derecho a la igualdad entre las personas, y entre los votos de dichas personas”. La OSCE sugiere que “los votos en blanco (que se cuentan como válidos), en realidad deberían asignar escaños en el Parlamento, y dichos asientos deberían permanecer vacíos”. Y recuerda que el partido político “Escaños en Blanco” se registró en 21 distritos electorales.
Este organismo internacional desvela que la situación española es tan anómala democráticamente que “algunos partidos políticos comparten con la OSCE la opinión de que el nivel de las subvenciones es demasiado generoso y debería reducirse”. Además, según ellos, estas transferencias de dinero público solo deben cubrir “los costos de impresión de las papeletas y no deben ser utilizadas para el reembolso de otros gastos”, como ocurre ahora, pues se pagan las sedes, sueldos políticos, gastos de funcionamiento, campañas electorales, seguridad, etc…
La OSCE también reprocha en su informe “que se hayan cerrado cuentas en Twitter durante la campaña electoral porque se parodiaba a candidatos” así como “la censura en la publicación de encuestas cinco días antes de los comicios”, algo “anticuado en la era de internet”. También demanda la presencia de “observadores internacionales” en las votaciones. “La ley electoral no garantiza plenamente el respeto al secreto del voto, un principio fundamental para unas elecciones democráticas. Las autoridades deben considerar medidas para mejorar aún más el secreto de la votación”.
Las trampas de los partidos políticos han sido descubiertas por la OSCE en su informe: el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza los gastos electorales, es una costosa pantomima porque solo aprueba la contabilidad después de que ésta pase de nuevo a los propios partidos del Parlamento (y además los miembros del Tribunal de Cuentas son en su mayor parte políticos en activo elegidos por los partidos). Pero además de adulteradas, las cuentas se publican “con significativo retraso”, según la OSCE, logrando evitar así su actualidad informativa.
Y aunque la OSCE recuerda que España está obligada a cumplir estas exigencias “con prontitud” y la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos le transmitió al Gobierno que “estaba lista para ayudar a aplicar estas recomendaciones”, la respuesta del ejecutivo español fue no aceptar críticas ni recomendación alguna. Aunque la mayor parte de la prensa española no informa de estas condenas internacionales, lo cierto es que la OSCE tiene ya a España como un país con serias deficiencias democráticas.
Muy pocos países del mundo han dado lugar a que se emitan en un mes dos notas públicas de condena, como ha ocurrido en septiembre de 2013, pero es que además en 2012 ya se advirtió que las elecciones en España poseen graves deficiencias y otra de ellas particularmente grave: la OSCE recuerda a los políticos españoles del actual régimen que “el mandato de los funcionarios electos debe incluir la posibilidad de revocarse antes de que expire”, pues los políticos han hurtado también a los ciudadanos los mecanismos para ello.
Y es que los cargos públicos españoles han ideado un sistema según el cual los ciudadanos no pueden retirarles el apoyo en caso de corrupción, malversación de fondos o incluso asesinato, como ocurre con la “inviolabilidad” del Jefe del Estado, al que han hecho creer “intocable” desde el punto de vista legal hasta en los casos de denuncia de hijos consanguíneos por paternidad manifiesta, como ha ocurrido recientemente con el rey Juan Carlos.
Este moderno “derecho de pernada”, que impide incluso a los jueces investigarlo, alcanza también a los fueros especiales de los diputados en el Tribunal Supremo (con una Sala II, especial para juzgarlos a ellos) y en los tribunales autonómicos (Tribunales Superiores de Justicia). Estos jueces son designados por las cúpulas de los partidos políticos sin más méritos que la militancia, simpatía, amistad o connivencia, como ha ocurrido recientemente con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos o antes con el filosocialista Pascual Sala.
La promiscuidad llega a tal extremo que el Consejo General del Poder Judicial es designado por los líderes de los partidos (PP, PSOE, CiU y PNV) mediante un descarado “reparto”, al igual que el Fiscal General del Estado, que se va rotando entre militantes o simpatizantes de PP y PSOE, como han sido Leopoldo Torres (PSOE), Javier Moscoso (PSOE), Conde Pumpido (PSOE), Eligio Hernández (PSOE), Jesús Cardenal (PP), Carlos Granados (PP) o Torres Duce (PP). A veces incluso son los propios políticos los que con descaro se incluyen en órganos judiciales, como el CGPJ, aún no siendo siquiera jueces, como ocurrió con el caso de los diputados Margarita Uría y Emilio Olabarría (PNV) o Ramón Camp y Mercé Pigem (CiU), entre otros muchos.
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