EL FRAUDE DEL RECICLAJE ¿NEGOCIOS SUCIOS QUE PAGAMOS TODOS?

¿Dónde está el dinero que los consumidores pagan al adquirir un producto para garantizar su reciclaje? ¿Quién lo gestiona? Y lo que es más importante, ¿se destina realmente todo ese dinero a evitar que los residuos (envases, aceites, neumáticos, bombillas, pilas, electrodomésticos, cartón, móviles, ordenadores...) contaminen el medio ambiente cuando nos deshacemos de ellos? La respuesta es un rotundo no.

Centenares de millones de euros anuales, destinados supuestamente a que los productos que la sociedad consume y deshecha no tengan un impacto ecológico negativo, se pierden sin remedio en un laberinto de asociaciones, fundaciones, subvenciones e inversiones más o menos transparentes, sin que nadie, desde la administración a las empresas, pida cuentas por ello. El resultado es que, y a pesar de que los consumidores paguen religiosamente, en España se recicla poco y mal. Y ello a pesar de que los fondos destinados a ese fin no dejan de crecer.

El consumidor debe pagar

La legislación europea se basa en un principio muy claro: quien contamina, paga. Y eso, en el ámbito de los residuos, significa que es el consumidor (y no el contribuyente por medio de impuestos) quien financia, en el momento de comprarlo, el reciclaje del producto que está adquiriendo cuando éste llegue al final de su vida útil.

Ese pago individual está incluido en el precio de venta del producto, ya sea una...
bombilla o una lavadora. Y puede oscilar entre los 30 céntimos de euro de un simple fluorescente a los 17 euros de un frigorífico.

A partir de ese momento, y con el dinero pagado por los consumidores en el bolsillo, la responsabilidad queda en manos del fabricante. La ley establece que es él, y nadie más, el responsable de que el reciclaje se lleve a cabo.

Para conseguir ese fin, los fabricantes (cualquiera, desde HP a Nokia, Osram, Philips o Michelín) tienen varias opciones: o bien se encargan de reciclar sus propios productos cuando son desechados (como hace IBM), o bien se ponen de acuerdo con otros fabricantes del mismo ramo para crear un Sistema Integrado de Gestión (SIG).

La legislación europea se basa en un principio muy claro: quien contamina, paga

La segunda de las opciones, más económica y ágil, es la más utilizada. Así, existen numerosos SIG especializados en la gestión de los residuos procedentes de los productos más variados. En España, por ejemplo, los residuos de envases y embalajes son gestionados en su mayor parte por Ecoembes, las bombillas y fluorescentes por Ambilamp, los teléfonos móviles por Tragamóvil y los electrodomésticos por Ecotic o ERP.

Todos estos SIG reciben, trimestralmente o cada año, el dinero pagado por los consumidores y lo emplean (o eso se supone) en el reciclaje. Y es en este punto, precisamente, donde empiezan los problemas. A pesar de que los Sistemas Integrados de Gestión son, por definición, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, la realidad es que muchas de ellas (aunque no todas) no utilizan la totalidad del dinero que reciben para cumplir la función para la que fueron creadas. Unas cantidades, además, que en la mayor parte de los casos son muy elevadas.

Vaya aquí un ejemplo que, aunque se refiere a un solo SIG, refleja la forma de funcionar de la mayor parte de ellos: Según los datos del Ministerio de Industria, durante los tres primeros trimestres de 2008 se pusieron en el mercado español en torno a 30 millones de lámparas fluorescentes. Ambilamp, que es el SIG con la mayor cuota de mercado en este sector (95% aproximadamente) recibió en este periodo de los diversos fabricantes 30 céntimos de euro (los que paga cada consumidor al comprar un fluorescente) por cada una de las 28.670.000 lámparas que corresponden a ese porcentaje de cuota. Lo que arroja un total de más de ocho millones de euros sólo para esos tres trimestres de 2008.

Ahora bien, en ese mismo período, Ambilamp recicló, según datos de su propia página web (www.ambilamp.es), en torno a 1.000 toneladas de fluorescentes con un coste estimado de 1.900.000 euros en reciclaje (equivalentes a cerca de 5 millones de lámparas fluorescentes). Por lo que se encontraría con un excedente de 6,7 millones de euros. Un excedente que se suma al que ya obtuvo en ejercicios anteriores. Entre 2006 y 2007, este SIG recaudó, (a razón de 30 céntimos por cada fluorescente puesto en el mercado) en torno a 35 millones de euros de los fabricantes y sus propios datos reflejan que en ese mismo tiempo gasto en reciclaje poco más de 5,7 millones (5.785.000 euros), con un excedente que suma casi treinta millones de euros.

¿Dónde está el dinero?

Con ese dinero acumulado, el SIG podría hacer frente a sus gastos de reciclaje durante años enteros sin necesidad de percibir más dinero. Pero Ambilamp, igual que muchos otros SIG, seguirá cobrando su cuota anual acumulando así una cantidad creciente de dinero que no está gastando, como debería, en el reciclaje de lámparas fluorescentes.

¿Dónde están esos fondos y para qué se utilizan? Resulta cuando curioso que en su Memoria Anual 2007 (documento que Ambilamp tiene colgado en su web, las páginas 59 y 65 (que corresponden a los capítulos «Memoria de Cuentas Anuales» y «Balance y Cuenta de Resultados 2007») aparezcan en blanco...

La situación no es exclusiva de España. Francia ha sido el primer país europeo donde ha saltado un escándalo relacionado con el manejo de estos fondos

Y no es el único. Signus Ecovalor, un sistema integrado de gestión de neumáticos usados que sólo lleva dos ejercicios en activo, tiene ya acumulado un excedente de ingresos de 11.836.969 euros, como consta en el informe de auditoría que SIG publica en su memoria 2007 (www.signus.es). Ecovidrio, por su parte (www.ecovidrio.es) admite en su informe de auditoría (realizado por Price Waterhouse) que a 31 de diciembre de 2007 llevaba acumulados 30.931.560 de euros en fondos procedentes de ejercicios anteriores.

La situación no es exclusiva de España. Francia ha sido el primer país europeo donde ha saltado un escándalo relacionado con el manejo de estos fondos. Fue a finales del pasado año, cuando se descubrió el llamado «affaire Eco-emballage», que es el nombre del SIG que se encarga de reciclar los embalajes en el país vecino.

Al parecer, la entidad francesa se dedicó a invertir en un paraíso fiscal los excedentes recaudados de las empresas para las que debía reciclar y se calcula que llegó a perder (debido a la crisis) entre 25 y 75 millones de euros. A raíz del escándalo, el Gobierno francés decidió obligar a que se incorporara un Interventor en las Juntas Directivas y Patronatos de cada SIG del país, sin importar en qué sector (cartón, lámparas, aparatos eléctricos, etc,) estuviera centrada su actividad.

El homólogo español de este SIG francés se llama Eco Embalajes de España (también conocido como Ecoembes) y según consta en su memoria (www.ecoembes.com) mantuvo durante 2007 la bonita cantidad de 80.828.000 de euros invertidos en renta fija, es decir, dedicados a generar intereses en vez de ser utilizados para reciclar.

Parece que nadie supervisa a los SIG ni controla el dinero que éstos recaudan. Ni Medio Ambiente, ni las Autonomías han solicitado de los SIG información sobre cuentas o modelos de financiación, ni siquiera en el momento de autorizarles a operar en sus respectivos ámbitos territoriales.

Son ya muchos (incluso dentro de los propios SIG) los que opinan que es necesaria una regulación específica que garantice la transparencia en el uso del dinero. Y también que se utilice para el fin con el que los consumidores lo pagaron.

Fuente. ABC

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