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viernes, 21 de noviembre de 2014

LA HIPOCRESIA DE LA IGLESIA EN ESPAÑA ¡SOLO EL PAPA FRANCISCO A ESTADO A LA ALTURA!...¡QUE GENTUZA!

¡Serán sinvergüenzas estos curas!
El arzobispo de Granada (el que   pide a la mujer que se case y sea sumisa...) encubre durante años, a los curas criminales pederastas y violadores de niños monaguillos en casas y chalets de lujo.
La conferencia episcopal se entera ahora por la prensa, cuando el Papa Francisco, hace  ya más de un mes, que pidió perdón  y aquí en España lo hacen hoy a su manera:
"No viven como sacerdotes" se excusa el portavoz de los curas ¿Qué no viven como sacerdotes? ¿desde cuando? ¿no eran sacerdotes mientras llevaban a cabo sus malditas y sucias violaciones? ¿No formaban parte de La Iglesia durante ese período?, claro que no viven como sacerdotes ¡viven como curas delincuentes! ¡Cabrones! Gentuza!
El portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo, dice que se enteraron por los medios de comunicación, desliga a la Iglesia del caso y señala que los miembros del llamado Clan de los Romanones "no viven como sacerdotes"
"Lógicamente tenemos que pedir perdón a los más débiles, a las víctimas"

La Conferencia Episcopal conoció el caso de los abusos sexuales en Granada por la prensa
La Conferencia Episcopal conoció el caso de los abusos sexuales en Granada por la prensa.
"Las víctimas son lo primero. Tolerancia, cero". El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, no esperó a ninguna pregunta. Arrancó la rueda de prensa de la Plenaria subrayando el caso de abusos en la diócesis de Granada, destapado por Religión Digital, y señalando el "dolor que
esto produce en la comunidad cristiana y católica, y a cualquier persona con sensibilidad y ética".
El portavoz episcopal reconoció que no supieron del caso de abusos por boca del arzobispo de Granada. "La CEE tuvo conocimiento de este asunto a través de los medios de comunicación". Aunque llamó a ser prudentes y no hacer "tribunales paralelos" sobre la actuación de Francisco Javier Martínez. "Nuestra misión es de denuncia y de exigencia de justicia, así como de respeto a las personas", aunque reconoció que "nada podrá reparar el daño".
"El obispo tiene que mantener una confidencialidad, y la CEE no entra en ese elemento. Él ha hablado y manifestado a los obispos, lo mismo que viene publicado. No hay una manifestación a los obispos y otra a los medios". "Ni yo ni los obispos tenemos conocimiento de más. Que los tribunales diluciden lo que haya que decir", ha asegurado.
"Está todo bajo secreto de procesos judiciales, tanto civiles como canónicos", ha subrayado Tamayo, quien indicó que, por ello, y como portavoz, "tengo que limitarme a un papel accidental, porque el ámbito de la competencia por parte eclesial es de la Santa Sede y de la diócesis. La CEE es un órgano colegiado, no es un órgano de gobierno, sino de servicio".
"Tengo un enorme respeto por la profesión periodística, pero sí creo que hay que delimitar los ámbitos competenciales. Hay un derecho a la información, pero los periodistas no somos los sacerdotes de una nueva sociedad, ni los jueces. Tenemos que respetar los procedimientos, esperar los tiempos, y trabajar con las certezas. Quien tiene una exclusiva, operará comprobando la veracidad de esas fuentes. Ciertamente creo que hay un aporte necesario para aportar a la sociedad. La CEE ha tenido noticia cuando se ha publicado. Después ha venido el arzobispo de Granada, que ha explicado lo que está en los medios. Él es, junto con la Santa Sede, quien tiene que explicar".
"El arzobispo de Granada ha manifestado que ha cumplido los protocolos que establece la Iglesia para estos casos. Él ha mostrado su dolor y cercanía a la persona que ha denunciado y las que se ven afectadas por este pecado y delito. Y también, ha asegurado cómo ha sido su seguimiento", ha explicado Tamayo.

"Extirpar" a los Romanones

Sobre el Clan de los Romanones, ha asegurado que "si es un grupo de sacerdotes que es pernicioso, se toman responsabilidades y se extirpan, porque no viven como sacerdotes. Esa no es la forma de vivir sacerdotal".
"Las víctimas son lo primero. Tolerancia cero. Y que esto nos ayude a una mayor concienciación y que esto se erradique y se evite", añadió. Señalando, junto al Papa, que "los ministros de Cristo tienen un deber especial de ejemplaridad, y no caben en las filas de quienes sirven a la comunidad cristiana, unos comportamientos que atañen a los que han sido confiados, especialmente los niños y jóvenes".
"La llamada del Papa ha sido la llamada de un pastor, que se muestra en su talante y estilo, y así lo reconocemos. Ni ha llamado al arzobispo", apuntó. "Lógicamente, tenemos que pedir perdón a los más débiles, a las víctimas".
"Quiero reiterar el dolor, el pesar y al mismo tiempo repulsa de supuestos delitos como los denunciados", señaló Tamayo, quien incidió, rotundo, que "son una ofensa a la dignidad de las víctimas, a Dios y un grave daño a la Iglesia, a la comunidad diocesana y a la sociedad".
"Quiero también, al mismo tiempo -continuó-, expresar cercanía y soldiaridad a las víctimas, como ha hecho siempre la Iglesia. Recordemos al papa Benedicto y al papa Francisco. Todos los pastores de la Iglesia quieren expresar la solidaridad con las víctimas, que están en un proceso que está bajo investigación que las verifique".
"Aunque hubiera solo un caso, sería demasiado", añadió. "Esta lacra en la Iglesia española no ha sido una realidad como la que ha ocupado esta semana". "Esto no admite medianías. Las responsabilidades no son negociables en este sentido", añadió, a la pregunta de este medio sobre si esto era referido a abusadores y encubridores.
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"Todo podría haberse evitado si el arzobispo hubiese actuado nada más conocer la denuncia". Un portavoz oficioso de la Diócesis afirmaba así a EL MUNDO su convicción de que la inacción del Arzobispado tras la primera denuncia, años atrás, ha propiciado el escándalo que en los últimos días atraviesa a la Curia de Granada, a raíz de la intervención del Papa, quien, además de llamar a la víctima para mostrarle su solidaridad personal, obligó a la jerarquía eclesiástica a actuar contra los sacerdotes denunciados.


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