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domingo, 30 de noviembre de 2014

Qué es el TTIP y porqué debería preocuparnos



Hace apenas cuatro o cinco meses me crucé con un artículo bastante preocupante sobre cierto tratado de libre comercio y circulación de capitales entre la Unión Europea y Estados Unidos. El recelo del autor se debía a la opacidad con la que se estaban gestionando las negociaciones de un tratado que incumbía a los 800 millones de personas del macro área comercial que se establecería entre sendos bloques. Se trataba del TTIP, El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership). En otras palabras con menor pomposidad: tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Pronto pude conocer que el acuerdo se llevaba negociando desde julio de 2013, pero apenas contaba con repercusión mediática. Si bien era fácil encontrar referencias en prensa internacional con...
un simple googleo, en la española casi podían contarse con los dedos de una mano las alusiones. Y desde luego, era más complicado encontrarlas en las grandes cabeceras que en otras más independientes.
Meses más tarde, el panorama informativo no ha cambiado, y sin embargo, la preocupación por tal acuerdo y la falta de transparencia de su gestión no ha hecho más que multiplicarse. De hecho, una plataforma que integra asociaciones ciudadanas, ecologistas, ONGs y sindicatos, registró en julio una Iniciativa Ciudadana Europea ante la Comisión Europea, cuya propuesta de recogida de firmas para impedir (o al menos, mostrar su oposición) la aprobación del tratado fue frenada por la UE el 11 de septiembre. Sin embargo, la plataforma considera las repercusiones de la aprobación del TTIP tan graves, que ha puesto en marcha la recogida de firmas, coordinada por sus distintas asociaciones integrantes.

Qué supone el TTIP

Generalmente, los objetivos de un tratado de libre comercio se basan en una disminución (o eliminación) de las barreras arancelarias al intercambio de bienes y servicios y en la homogeneización (a la baja) de la regulación relativa a la circulación de bienes y servicios. Estos acuerdos garantizan además la seguridad jurídica de los inversores. Su objetivo es ampliar los mercados de bienes y servicios entre los signatarios. Estos tratados, generalmente (o según la teoría económica de la rama de Adam Smith),  incentivan los intercambios comerciales, impulsando el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Sin embargo, las imperfecciones del mercado, la asimetría de los integrantes, y la distinta intencionalidad de estos mismos han dado ejemplos reales de fracasos, con acuerdos comerciales con resultados modestos, otros con excelentes resultados, pero también otros con grandes fallos que han acrecentado las desigualdades y destruido la industria incipiente y menos competitiva del socio más débil (ejemplo del NAFTA con México).
Una de las lecturas de este tratado es su marcado carácter geoestratégico, en la búsqueda de un frente común ante el bloque Rusia-China. Uno, con una actitud desafiante y beligerante, hacia quien Europa mantiene una fuerte dependencia energética; y el otro, con un enorme peso mundial como primer exportador y segunda potencia mundial que además es el mayor poseedor de deuda pública estadounidense (un 10,6%). Es decir, ambos tienen cogidos a Europa y EEUU por donde más les duele. Y más allá, según la OCDE, en 2015 el 90% del PIB mundial se generará fuera de Europa. Solo China produciría un tercio del total.
Sin embargo, rascando un poco en lo que ha trascendido del tratado, se observan las consecuencias poco alentadoras que la aprobación del TTIP tendría sobre los ciudadanos.

Porqué el TTIP preocupa a los movimientos sociales

Más allá del acuerdo comercial para un frente común, el TTIP es un proyecto político, ideológico y social que supera el ámbito de la economía. Sería simplista retratarlo únicamente desde sus puntos negros. No obstante, ya se encargan otras fuentes de mayor poder y alcance de perfilar las delicias económicas que el tratado traería a Europa, por lo que este artículo simplemente las señala y enlaza, permitiendo al lector pasarse por ellas, lo que sin duda sería recomendable para obtener una mayor perspectiva del panorama. Pero dado que los medios mayoritarios parecen obviar las sombras del tratado, el objetivo de este artículo, es apuntarlas, entendiendo de antemano que la riqueza de matices en cada apartado es más grande de lo que este texto muestra.

Opacidad

Pese a que las negociaciones llevan ya un año, sólo un selecto número de tecnócratas de la Comisión Europea tienen el conocimiento del contenido de las conversaciones, pese a que no han tardado en surgir voces de muy distintos ámbitos de la sociedad civil clamando por mayor transparencia. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo se han quedado fuera del proceso de negociación, además del Congreso y el Senado de EEUU.
Mientras que el Comisario Europeo de Comercio, el belga Karel De Gucht, afirma que “no hay nada secreto” sobre las negociaciones entre los dos bloques regionales, apenas se han filtrado un pocos documentos, en un proceso totalmente opaco que docenas de asociaciones  y organismos europeos califican como “secreto”. Para más inri, el negociador principal de la Comisión Europea (el español Ignacio García Bercero) reconoció en una carta pública a su contraparte estadounidense que la negociación del tratado de libre comercio “sería una excepción a la regla 1049/2001″ que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que todos los documentos relacionados con las negociaciones tendrían carácter secreto durante al menos treinta años.
Esta opacidad no ha pasado desapercibida, máxime cuando precisamente la transparencia es fundamental para aproximarse al correcto funcionamiento del mercado: el libre comercio sin transparencia es un imán para los flujos financieros ilícitos que además, aislará a las economías en desarrollo.

Poder de las multinacionales frente a la democracia

A ambos lados del Atlántico, las principales partes interesadas consultadas han sido los grupos de presión que representan a algunas de las mayores corporaciones multinacionales del mundo. El Corporate Europe Observatory afirma que la Comisión Europea ha mantenido más de un centenar de reuniones con las partes interesadas, siendo más del 90% de las reuniones con grandes empresas y grupos de presión. En Washington, por su parte, el sistema de asesoramiento en comercio está dominado por lobbies (representan el 85% de los escaños). Con este panorama, la preocupación sobre cuestiones como los riesgos para el medio ambiente, los trabajadores, la salud y la normativa de seguridad es, por tanto, secundaria.
Según documentos filtrados por el mismo observatorio, desde la UE se les ha mostrado informes de todas las “barreras” o “puntos flacos” de todos y cada uno de los integrantes europeos, y pedido a los lobbies de EEUU que señalen todo obstáculo que puedan encontrar en cualquier país de la Unión, para que pueda ser eliminado. Obviamente, la UE pide lo mismo EEUU; esperan que cada estado de EEUU dé a su vez a conocer con transparencia sus puntos flacos.
Esto tendría varias implicaciones: no solo supondría una mella sobre la soberanía nacional de los estados miembros, sino que dicho asalto a las democracias europeas no respondería a fines sociales, sino directamente, a los intereses de las corporaciones privadas más poderosas. Otra cuestión, es que si ya la UE cuenta internamente con grandes asimetrías entre sus integrantes que han dejado en evidencia su suspenso como zona monetaria óptima, dichas asimetrías se acrecentarían en la integración de los estados más débiles (menos competitivos). El mejor ejemplo de los efectos de dicha asimetría lo encontramos , de nuevo, en México con la NAFTA.
TTIP también prevé la creación de un Consejo de Cooperación Reguladora que permitiría la “intervención temprana de los reguladores de Estados Unidos y de la UE en los procesos legislativos de cada uno”. En diciembre, el 2013 Corporate Europe Observatory reveló documentos que revelan que Estados Unidos y los grupos empresariales de la UE han presionado para una estructura tan formal durante años. Advierten de que un organismo de este tipo podría resultar en grupos de presión empresariales que impondrían una influencia indebida a través de un acceso privilegiado en esta etapa inicial del proceso legislativo. Además, las empresas podrían ser capaces de influir en las leyes que podrían afectar nuestros estándares sociales, medioambientales y de consumidores antes de que fuesen siquiera discutidas a nivel nacional.

Intereses privados contra el bien común

Ya sea la industria cárnica de Estados Unidos pidiendo que la UE levante la prohibición de la ractopamina en la carne de cerdo, o algunas de las mayores instituciones financieras de la City de Londres con la esperanza de desafiar a las nuevas regulaciones financieras de Estados Unidos, la lista de deseos corporativos con las leyes que quieren ver desaparecer gracias al TTIP es, cuanto menos, aterradora. Las posibilidades de endurecer las regulaciones son muy improbables, por lo que las asociaciones de consumidores y ecologistas temen que un futuro con peores estándares de calidad como mínimo común denominador que prevalecen en el final.

Sanidad

Una de las preocupaciones más esenciales para el ciudadano es el posible papel del TTIP en la liberalización (mediante privatización) de servicios públicos. Según los documentos publicados por Filtra.la, e incluso declaraciones del mismo ministro De Guindos, el ánimo liberalizador del TTIP no quiere dejar al margen ningún sector de la economía que pueda ser susceptible de recibir inversiones privadas.
Con el TTIP se busca homologar las normativas a ambos lados del Atlántico, y se prevé que esto ocurra rebajando las medidas protectoras europeas a los niveles estadounidenses. Actualmente la regulación pertinente a la salud, sistemas sanitarios, higiene y sanidad es sustancialmente más estricta en la Unión Europea que la existente en Estados Unidos. De esta forma, el TTIP afectaría flexibilizando (aligerando, relajando...) la legislación en múltiples ámbitos, como la protección sanitaria (controles sanitarios en alimentación, medicamentos…),  la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios, ejercicio de la profesión sanitaria...

Menos aranceles, menos fondos públicos

Los aranceles son la barrera más básica al comercio internacional, pero a su vez, son una fuente de ingresos públicos. En la Unión Europea contamos con una de las mayores políticas proteccionistas del mundo, la Política Agracia Común (PAC). En la política económica de un país, el presupuesto destinado a la agricultura es muy limitado, pero en la UE alcanza el 46% del gasto, pese a que la agricultura solo representa el 5% de la población activa de la UE y el sector genera solo el 1,3% del PIB europeo. Los motivos, en resumen, son:
  • Porque la europea no es la agricultura más competitiva por precio. Se desea aumentar la productividad agrícola, que sea dinámica y no se quede atrasada.
  • Asegurar la disponibilidad de productos alimentarios y que su precio sea estable. La alimentación es básica así que, si Europa quiere ser autosuficiente o al menos no depender de otros países, debe protegerse.
  • Asegurar que los consumidores tengan unos precios razonables.
  • Mejorar el nivel de vida de los trabajadores de la agricultura: evitar la despoblación en zonas rurales, un problema en muchas regiones. Los ciudadanos se van a la ciudad en busca de trabajos cualificados y salarios más elevados. La PAC busca mantener los salarios de los trabajadores agrarios.
  • Estabilizar los mercados. Las variaciones en los precios de los alimentos son muy problemáticas y generan un conflicto que va más allá de lo puramente económico.
Eliminar las tasas aduaneras a la entrada de producto de EEUU (“el granero del mundo”), sería un golpe fatal para el agricultor europeo (y español, pues España es el segundo mayor beneficiado de la PAC, percibiendo un 13% del presupuesto). Según el economista francés Jacques Berthelot, “la supresión de todo arancel comercial provocaría un terremoto sin precedentes en el ámbito económico, social, medioambiental y político, no solo en Europa, sino también en los países en vías de desarrollo...”.
Así retornando a la cuestión de los fondos públicos, la disminución de estos iría a favor de la privatización de servicios y desmantelamiento de servicios públicos, acelerando la dinámica seguida en la Europa de Merkel.

Desigualdad

Según Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, los tratados de libre comercio son totalmente asimétricos, porque en lugar de promover la igualdad y la democracia se limitan a garantizar los intereses de sectores y elites muy concretos. Según Stiglitz, estos acuerdos son el nexo entre la globalización y la agudización de las desigualdades, que además de sus repercusiones en el comercio, tienen también consecuencias políticas y sociales. Según el economista alemán Heinz Dietereich, son acuerdos “que EEUU impone a su medida, y es precisamente ese monopolio la clave de la riqueza de los estadounidenses”.

Promesas dudosas

Según The Hispanic Council, el TTIP, supondría la creación de 143.000 empleos en España y aumentaría la renta per cápita en un 6,6%. Los mismos datos ha empleado el secretario de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, Jaime García Legaz. Sin embargo, según  distintos analistas adheridos a la plataforma europea contra el TTIP, los cambios derivados del tratado se darían a largo plazo, “en un periodo de entre 10 y 20 años”. E inciden en que, más allá de la posibilidad de creación de tal cifra de empleos, el tratado no tiene en cuenta “la crisis ambiental y sus impactos económicos o el enorme aumento de los precios energéticos y sus repercusiones sobre la economía, previstas para las próximas décadas”.
Independiente de la probabilidad y asociación de tales efectos con el tratado, esas deslumbrantes cifras siguen sin cuadrar. Según el departamento de exteriores de EEUU, el tratado liberalizaría un tercio del comercio mundial, abriría la posibilidad de crear millones de nuevos empleos.  Sin embargo, otra investigación presentada por la embajada británica en Washington reduce tan prometedora cifra a 740.000 puestos, una vez alcanzada la plena aplicación del tratado.
Más rebajas: la Comisión Europea también ha recortado su previsión hasta los 400.000 empleos. Eso es la cifra de creaciones, pero la de destrucciones no ha sido publicada, pero sí contemplada: la propia Comisión Europea ha admitido que es probable que el TTIP provoque perjuicios “prolongados y considerables” para laos trabajadores europeos, dado que el TTIP incentivará a las empresas a abastecerse de productos y servicios de los Estados Unidos donde las normativas laborales son más laxas y los derechos sindicales no existen ni se les espera. Dicho informe reconoce que habría que reestructurar los sectores industriales más afectados por el incremento del comercio (la industria cárnica,  abonos, el bioetanol, bienes de equipo y el metalúrgico...). Como ya sabemos, el término “reestructuración” suele ser el eufemismo favorito para referirse a “la destrucción de empleo”.
El informe de The Hispanic Council en el que se basa el Secretario de Estado de Comercio (y también el gobierno español cuando le conviene) estiman un crecimiento económico del 0,5 al 1% del PIB, pero de ser cierta la cifra, no mencionan que ese crecimeinto sería a los 10 años posteriores a la entrada en vigor el tratado. Es decir, la estimación real es de entre un crecimiento anual del 0,05% o un 0,1% del PIB. El gobierno español afirma, basándose en el mismo documento, que el beneficio económico del tratado será de 545 euros por familia, pero omite que la cantidad a la baja del mismo informe es de 45 euros. Considerando la inflación en esos diez años, la suma de “beneficio” podría ser negativa.

Los ciudadanos contribuyentes pagarán los costes

En el marco del Investor-state Dispute Settlement (sistema internacional de arbitraje inversor-Estado para garantizar la seguridad de las inversiones) los contribuyentes pagarán los costes de compensación a las multinacionales que emprendan acciones contra países de la UE, si la firma privada considera que sus futuros beneficios se verán afectados por la legislación nueva o existente. Por ejemplo, a raíz de la catástrofe de Fukushima, el Gobierno alemán decidiera comenzar a abandonar la energía nuclear. En virtud de este mecanismo de arbitraje internacional, la eléctrica sueca Vattenfall presentó una demanda contra el gobierno alemán por la que reclamaba 3.700 millones de euros por la pérdida de ganancias con respecto a dos de sus centrales de energía nuclear. Este ejemplo podría convertirse en la norma con la aprobación TTIP.
Por otra parte, hay otra serie de otros costes indirectos que no se tienen en cuenta en los informes de la Comisión, tal y como se describe en un estudio reciente realizado por ÖFSE: “Los costes de desempleo, incluido el desempleo a largo plazo, podrían ser sustanciales, especialmente durante el período de transición de 10 año desde la puesta en marcha del TTIP.  Basándonos en la proyección de puestos de trabajo que se destruirían (entre 0,4 y 1,1 millones), nuestro cálculo aproximado (y conservador) sugiere que los costes implicarían entre  5.000 y 14.000 millones de euros en subsidios de desempleo, excluyendo los costes de reciclaje de capacitación  y la adquisición de nuevas capacidades. Además, las pérdidas de ingresos públicos por los impuestos y contribuciones sociales de desempleo pueden alcanzar entre los 4.000 y 10.000 millones de euros”.
El mismo estudio incide en que la eliminación de la barreras no arancelarias (sanitarias y fitosanitarias, control de precios, tasas y sobrecargas...) podría tener repercusiones en los costes de los países integrantes debido a la pérdida de ingresos que no han sido calculados por los estudios oficialistas anteriores: “Lo más importante es que la eliminación de las medidas no arancelarias se traducirá en una pérdida potencial de bienestar para la sociedad, en la medida en que esta eliminación amenaza objetivos de políticas públicas (como la seguridad del consumidor, salud pública o seguridad del medio ambiente). El análisis que han realizado algunos estudios, en particular Ecorys, de las medidas no arancelarias, ignoran por completo estos problemas”.

La lista de sombras del tratado no concluye aquí, pero no dispongo ni del tiempo para errar todas ellas, ni, probablemente, el lector, para seguir esta lectura, pudiendo hacerlo en mejores textos académicos.

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