los grupos tengan posibilidad de presentar enmiendas y limitando a 15 minutos las intervenciones orales. Eso sí, sin poder confrontar directamente con los ministros afectados por el decreto.
Los decretos ley entran en vigor nada más publicarse en el BOE y sólo hay un mes de plazo para ser convalidados por el congreso. Además, si la mayoría, en manos del PP, no permite que se tramiten como proyectos de ley, se evita que el resto de partidos puedan presentar enmiendas para hacer cambios.
En lo que llevamos de legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado más decretos ley que leyes ordinarias. En total, ha usado esta fórmula extraordinaria 54 veces, frente a las 53 ocasiones en que ha usado el mecanismo habitual. A esto hay que sumar 18 leyes orgánicas.
Para hacerse una idea, el Ejecutivo de Zapatero, al que también se le acusó de abusar de este mecanismo, aprobó en su última legislatura 57 decretos ley, tres más de los que lleva Rajoy en dos años y medio, pero también 115 leyes ordinarias. Entonces, cuando gobernaba el socialista, el PP criticaba que esa actitud “evidencia una debilidad y un temor sin precedentes”.
Ahora, este decreto ley consta de 172 páginas en las que se amontonan medidas tan dispares como los incentivos al empleo juvenil, liberalización de horarios comerciales, comisiones tarjetas bancarias, regulación del uso de drones, y cesión a los registradores mercantiles de la gestión del Registro Civil. Un último asunto, por cierto, que afecta al gremio de Rajoy, los registradores de la propiedad, que a la vista de sus pérdidas con la caída del ladrillo, ahora se harán cargo del Registro Civil, que antes estaba gestionado por funcionarios.
Desde el PSOE, su portavoz Soraya Rodríguez, ya ha adelantado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el polémico decreto ley, que ha calificado de “engendro legislativo” y de “deleznable e insultante” para la labor parlamentaria.
Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU, ha pedido al PP que reflexione. “Así no vamos bien”, ha avisado, al tiempo que critica que el Gobierno venga con el cuento de la regeneración democrática mientras mantiene estas actitudes y “abusa” de su mayoría absoluta”.
El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha reprochado al PP que “rompa las reglas del juego” y trate de imponer al Congreso “un trágala”. “No vamos a aceptar el chantaje, nos vamos a rebelar y no vamos a ser cómplices. Pueden secuestrar al Parlamento y a la democracia, pero tarde o temprano la ciudadanía democráticamente acabará con este secuestro”, ha sentenciado.
Carlos Gorriarán, de UPyD, ha calificado de “monstruoso” el decreto ley. “Se están cargando la división de poderes”, ha dicho. Aitor Esteban, del PNV, incluso ha planteado la posibilidad de boicotear la votación el jueves. “Es un error, una torpeza y una cacicada”, ha resumido. Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha mostrado su indignación porque se intenten colar “de golpe” 25 reformas legislativas en una semana donde hay que discutir temas importantes como el techo de gasto de 2015 o el debate sobre la última cumbre europea. “¿Estamos locos, o qué?”, ha exclamado.
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