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miércoles, 22 de febrero de 2012

ESPAÑA: Con lo que cuesta la televisión pública se pagaría la mitad de la deuda sanitaria

  • El agujero en sanidad causa a cada español 333 euros. El 74% de la deuda que acumulan las comunidades ya ha vencido, lo que significa que tendrán que pagar este año 930 millones en intereses.
  • Solo País Vasco y Navarra se aproximan al plazo de 50 días que establece la Ley de Morosidad para pagar a proveedores. En Valencia, la administración tarda dos años y cinco meses en abonar la factura de medicamentos.
  • Los farmacéuticos reclamarán por vía judicial el pago de la deuda
Los números rojos de las televisiones públicas equivalen a la mitad de la deuda sanitaria. Los canales autonómicos arrastran un endeudamiento de 1.500 millones de euros, que se suman a los 7.000 que adeuda RTVE. En total, 8.500 millones de euros. Por este agujero millonario, el modelo de televisión autonómica se está cuestionando. De hecho, el Gobierno dejará la puerta abierta para que las autonomías puedan privatizar estos canales. Según el último informe de Uteca, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, las radios y televisiones públicas gastaron en 2009 más de...
1.650 millones de euros para producir y emitir sus contenidos.
También se debate el futuro de RTVE, donde una auditoría interna ha revelado que existen costes de emisiones "muy elevados" y sueldos de directivos altos, en comparación con el que tienen las televisiones privadas. En el Congreso se estudian fórmulas para acordar ajustes en la corporación pública, que ha reducido su presupuesto ordinario en 204 millones de euros.
En cuanto al agujero sanitario, el coste para cada español alcanza ya los 333 euros. La deuda que arrastran las comunidades autónomas por el impago de las facturas a proveedores asciende a 15.700 millones de euros, según se recoge en un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Salud, que analiza el nivel de endeudamiento en las comunidades y la morosidad.
Este volumen de deuda en la sanidad causa dos problemas graves, apunta el estudio. Por un lado, los proveedores (laboratorios, empresas de tecnologías, farmacias, clínicas...) tienen que endeudarse para financiar los productos y servicios, y hacer frente a los impagos de la administración. Esta situación les está empujando a la asfixia financiera. Por otro lado, las comunidades siguen aumentado la deuda mientras bajan las partidas presupuestarias, un 3,9% en 2011. La consecuencia es que suben los intereses. Este año, las autonomías tendrán que sumar 930 millones de euros de intereses, ya que el 74% de la deuda que arrastran ha vencido.
La Ley de Morosidad establece que la administración deberá pagar las facturas en 50 días. Pero la norma se incumple en todo el territorio nacional. Solo País Vasco y Navarra se acercan a este plazo. La morosidad afecta sobre todo a los gastos en medicamentos, cuya deuda asciende a los 6.369 millones de euros.

Año y medio en pagar los medicamentos

La Comunidad Valenciana es la que más tarda en pagar a la industria farmacéutica, 884 días; le siguen Baleares (848), Castilla y León (816); Cantabria (804), y Andalucía (756). Por lo general, la administración paga las facturas por medicamentos en 525 días.
En cuanto a la deuda contraída con empresas tecnológicas, que suministran material y equipos para hospitales y centros de salud, la morosidad se sitúa de media en 473 días. También es morosa la administración en el pago de las facturas por los conciertos con clínicas privadas, que ofrecen servicios y ayudan al sistema nacional a reducir listas de espera; en concreto, el plazo de pago alcanza los 160 días, casi seis meses.
La industria sanitaria urge al Gobierno a que permita a las empresas financiarse hasta cobrar la deuda, puesto que la escasez del crédito está hundiendo a muchas, sobre todo medianas compañías. También pide que se establezca una especie de calendario de pagos de los servicios y productos que ofrezca este año.
Precisamente este miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado la constitución de un "consorcio bancario" en el que estén tanto el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como diferentes entidades bancarias, para que se puedan pagar las facturas a los proveedores de todos los sectores con los que la administración ha contraído una deuda.

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